El Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), ante el anuncio oficial realizado por el Presidente de la Asamblea Nacional de reformar nuevamente la Ley No. 822, Ley de Concertación Tributaria, considera necesario demandar acciones legislativas y ejecutivas que eviten una mayor contracción del crédito y el empleo, el freno a la inversión y el consumo, y permitan promover la recuperación económica y contrarrestar el incremento de la pobreza.
En ese orden los legisladores deben cumplir con la obligación impuesta por la Ley No. 987, Ley de Reformas y Adiciones a la Ley No. 822, Ley de Concertación Tributaria, de revisar integralmente las medidas tributarias que fueron implementadas y revertir aquellas que han contribuido a la abrupta contracción económica del país en el 2019. Por lo que en base a la ley vigente, proponemos que la Asamblea Nacional proceda a:
- Reducir las alícuotas del Pago Mínimo Definitivo, para atenuar sus efectos socioeconómicos descapitalizadores y confiscatorios.
- Revisar la reducción y eliminación de exenciones y exoneraciones, para incentivar las inversiones productivas, recuperar la productividad, evitar más fuga de capitales y atraer más inversiones.
- Restituir las exenciones que afectan los bienes de la canasta básica, para mejorar la capacidad de compra de las personas de más bajos ingresos, actualmente deteriorada.
- Ajustar el monto mínimo exento del IR de rentas del trabajo al costo actual de la canasta básica, para proteger el salario de los trabajadores y estimular un mayor nivel de consumo.
- Revisar las altas alícuotas de retenciones que afectan los pagos de bienes y servicios provenientes del extranjero para no afectar la rentabilidad, continuidad operativa y competitividad de las empresas.
- Rectificar la base imponible en aduanas de los bienes importados y gravados con ISC e IVA; y
- Restituir los plazos que fueron reducidos para las declaraciones de impuestos y así mejorar la deteriorada liquidez de los contribuyentes.
También como parte de estas medidas resulta indispensable que el Gobierno contribuya a generar la confianza necesaria en los agentes económicos, y para ello, debe cesar al acoso y represión fiscal realizado por medio de auditorías de campo y el cierre arbitrario de la VET; garantizar el respeto a las resoluciones de las autoridades judiciales e instancias administrativas superiores; y respetar los derechos de todos los contribuyentes en materia de devoluciones y compensaciones.
Las anteriores medidas económicas deben necesariamente de ir acompañadas para evitar una mayor crisis política y social, de un acuerdo político que resuelva las demandas ciudadanas de justicia, libertad y democracia; teniendo presente que la recesión económica persistirá mientras se mantengan los altos niveles de incertidumbre y deterioro de la confianza de los agentes económicos, consumidores y población en general.
Managua, catorce de enero del año dos mil veinte.
