Gobierno debe restablecer la institucionalidad democrática y garantizar el respeto de los Derechos Humanos de los nicaragüenses

El día de ayer, 21 de octubre del 2020, se emitió por la Asamblea General de la OEA la Resolución donde demanda el “Restablecimiento de las Instituciones Democráticas y el Respeto a los Derechos Humanos en Nicaragua  a través de Elecciones Libres y Justas”; resolución que fue respaldada por la mayoría de los países que la integran, reflejando un alto consenso sobre la preocupación de la comunidad interamericana por el deterioro de esos principios  y derechos, así como su apoyo decidido y firme a una solución cívica y pacífica a la crisis sociopolítica que enfrenta nuestro país desde abril del 2018.

La Resolución precisa la obligación del Gobierno de Nicaragua de cumplir con los términos de la Carta Democrática Interamericana del cual es suscriptor, y en particular le recuerda, su ineludible responsabilidad de promover y defender la democracia, y su compromiso de promover y defender el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales.

En correspondencia con lo anterior, la Asamblea General expresa su “preocupación” por el incumplimiento del Gobierno de no haber implementado la liberación de todos los presos políticos, y en forma específica, su incumplimiento de no garantizar “la libertad de expresión, incluso para la prensa, ni el ejercicio del derecho a la reunión pacífica”; reiterando su “grave preocupación” por la continuidad de detenciones arbitrarias y el mantenimiento de fuerzas paramilitares.

De manera particular la OEA expresa su “alarma” por la instrumentalización de la legislación nacional para “intimidar y/o amenazar a miembros de grupos pro-democráticos y a los medios de comunicación independientes, a través de la aprobación reciente de la Ley de Agentes Extranjeros” y la eventual aprobación de la Ley Especial de Ciberdelitos. A lo que se suma la instrumentalización de las instituciones nacionales y municipales para reprimir al sector privado a través de la represión y acoso fiscal y confiscaciones de hecho, como se pretende ahora actuar en el caso de NICAVISION y otras empresas del sector privado que hemos debidamente denunciado.

En COSEP hemos demandado en forma  reiterada al gobierno el cumplimiento de los acuerdos del 27 y 29 de marzo del 2019, como condiciones necesarias para encontrar una solución cívica y pacífica a través de elecciones libres y transparentes que pasa por la realización oportuna de reformas electorales que tengan como base las diferentes propuestas que los actores nacionales e internacionales han realizado, y sobre lo cual, la Asamblea General de la OEA hace una propuesta específica en su resolución; estableciendo que las mismas deben ser implementadas “antes de que el Estado convoque a elecciones generales, o a más tardar en Mayo del 2021”.

Por lo que hacemos un llamado al Gobierno para que actúe con responsabilidad y acoja el llamado de la Asamblea General de iniciar un diálogo que conduzca a negociaciones inclusivas y oportunas con los actores nacionales que representan a la oposición; acepte la asistencia técnica en la implementación de reformas electorales significativas y consistentes con los estándares internacionales aplicables, para la realización de elecciones libres, justas y transparentes; y restablezca en forma inmediata los derechos y garantías constitucionales, los derechos humanos y las libertades fundamentales y cese el acoso y represión que sufrimos día a día los nicaragüenses.

Managua, 22 de octubre del 2020