Gobierno debe cesar represión y cumplir acuerdos

El Parlamento Europeo ha hecho pública el día de hoy una Resolución basada en los términos del Acuerdo de Asociación Unión Europea Centroamérica, que establece la obligación de las partes de respeto de los principios del Estado de Derecho, la democracia y los derechos humanos.

En cumplimiento de sus obligaciones para garantizar esos principios, la mayoría de parlamentarios europeos se han pronunciado firmemente,  condenando los intentos de la  bancada legislativa de gobierno, de aprobar leyes inconstitucionales  que tienen como fin “restringir las libertades fundamentales del pueblo nicaragüense”, las cuales se valoran por los legisladores europeos, constituyen tal y como lo denunciáramos en COSEP, “nuevo instrumento represivo para silenciar no solo a sus críticos sino también a cualquier persona u organización que reciba financiación extranjera”; dando lugar con ello a nuevas “violaciones inaceptables de los derechos humanos en Nicaragua”.

De manera particular el Parlamento Europeo, rechaza el abuso de las instituciones y leyes que hace el gobierno con el propósito de “criminalizar” a las organizaciones de la sociedad civil y los opositores con fines políticos e ilegales, pidiendo, tal y como lo hemos demandado en COSEP, el cumplimiento de los acuerdos del 27 y 29 de marzo del 2019  como condición para alcanzar una solución democrática, pacífica y negociada a la actual crisis sociopolítica que enfrentamos.

La resolución también enfatiza en la importancia de restablecer el Estado de Derecho y el respeto de los derechos constitucionales, como condiciones básicas para la celebración de elecciones libres, creíbles, integradoras y transparentes, demandando un acuerdo por medios democráticos, pacíficos y negociados, para la realización de reformas electorales e institucionales que observen las normas internacionales y las recomendaciones de la UE y la OEA, solicitando  en forma específica, la presencia de observadores nacionales e internacionales debidamente acreditados;  todo conforme lo hemos demandado en forma reiterada los actores políticos y sociales de nuestro país.

Los parlamentarios europeos, conscientes de su responsabilidad de garantizar los términos del Acuerdo de Asociación relacionados con el pilar de político resuelven en su resolución, activar la “cláusula democrática” del mismo, que conllevaría por responsabilidad directa del gobierno, la suspensión de Nicaragua de dicho acuerdo, lo cual tendría severas consecuencias para el pueblo de nicaragua, siendo estas:

1. Pérdida del arancel preferencial: Las empresas podrán seguir exportando, pero a sus productos se les aplicará el arancel ordinario, incrementando el costo de los mismos en el mercado europeo. Con base en cifras del CETREX las exportaciones a la Unión Europea en 2019 alcanzaron $280.6 millones (10.1% de las exportaciones totales de mercancías).

2. Pérdida de la competitividad en el mercado europeo: Debido a que el resto de los países centroamericanos podrán seguir exportando con su arancel preferencial, dejando en evidente desventaja a las empresas nicaragüenses.

3. Suspensión de proyectos, cierre de operaciones o la suspensión de actividades de inversionistas europeos en el país.

4. Cese del flujo monetario en materia de cooperación. En el año 2018 la Cooperación oficial externa europea tanto bilateral como multilateral dirigida al sector público alcanzó $70.4 millones.

5. Afectación de las relaciones del Gobierno con países u organismos: El Parlamento Europeo manifiesta la persistencia de graves abusos y violaciones de los Derechos Humanos en Nicaragua, lo que afectaría las relaciones del Gobierno con el Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y las Naciones Unidas (ONU); sin mencionar que a título individual otros gobiernos, organizaciones e incluso otros tratados de libre comercio, podrían tomar decisiones similares.

Por todo lo antes expuesto y estando conscientes de que el pueblo de Nicaragua está enfrentando un Estado Policial que ejerce todo tipo de acciones represivas y que estas acciones no son ignoradas por la comunidad internacional,  reiteramos nuestra exigencia de que el Gobierno cese a lo inmediato todas las acciones de represión institucional contra el pueblo, cumpla con los acuerdos del 27 y 29 de marzo del 2019 y realice reformas electorales que garanticen elecciones libres y transparentes, como condiciones necesarias para encontrar una solución cívica y pacífica a la actual crisis política, social y económica que enfrentamos.

Managua, 09 de octubre del año 2020.