Exigimos el respeto de los derechos humanos de los nicaragüenses

El partido de Gobierno recientemente aprobó y publicó la Ley de Reforma al Artículo 37 de la Constitución Política de la República de Nicaragua siguiendo el procedimiento establecido en el Artículo 192 de la Carta Magna, aprobándose este año que se definirá el futuro democrático de nuestro país.

La reforma establece que se puede imponer en forma excepcional a cualquier ciudadano la pena de “prisión perpetua” por haber sido condenado por “delitos graves, cuando concurran circunstancias de odio, crueles, degradantes, humillantes e inhumanas, que por su impacto causen conmoción, rechazo, indignación, repugnancia en la comunidad nacional”; texto vinculado con la retórica que ocupan los funcionarios del Estado afines al gobierno para referirse y descalificar a la oposición cívica nicaragüense.

Con dicha reforma constitucional y la aprobación de las leyes de Agentes Extranjeros, de Ciberdelitos y la Reforma al Código Penal, el partido de gobierno configura un marco legal que justifica el Estado policial y dota a los funcionarios que integran el sistema punitivo del Estado de un marco de actuación discrecional para reprimir y sancionar a los actores políticos y sociales que disienten políticamente del gobierno.

La norma constitucional aprobada constituye una regresión en materia de Derechos Humanos y es violatoria del Derecho Internacional que Nicaragua está obligada por el Artículo 46 Cn a respetar, en particular, el Artículo 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por el cual se reconoce el trato humano para los privados de libertad y su derecho a la readaptación social. Y, además, por el Artículo 6 de la Constitución que establece que Nicaragua es un Estado Democrático y Social de Derecho, que promueve como valores superiores la dignificación del pueblo a través de su ordenamiento jurídico, la libertad, la justicia, la igualdad, y, en general, la preeminencia de los Derechos Humanos, la ética y el bien común.

Exigimos al gobierno y sus funcionarios el respeto pleno de los derechos humanos de los nicaragüenses, y, en consecuencia, demandamos la derogación de dichas leyes y reformas, la liberación de todos los presos políticos, la restitución de los derechos constitucionales de los nicaragüenses y la realización de reformas electorales que permitan elecciones libres, transparentes, competitivas, observadas y pacíficas.

Desde COSEP reiteramos nuestro compromiso de continuar promoviendo y defendiendo la libertad, la democracia la justicia y los Derechos Humanos, por lo que hacemos nuevamente un llamado al gobierno para que trabaje en función de los intereses del país, dedicando todos los esfuerzos para superar la crisis sociopolítica, económica y sanitaria que enfrentamos; conscientes que debemos trabajar unidos todos los nicaragüenses para encontrar la solución cívica y pacífica que el país demanda para poder retornar al camino de la democracia y la prosperidad que todos anhelamos.

Managua, 22 de enero del 2021.