
El Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), ante los recientes hechos de violencia contra periodistas y opositores y la aprobación del dictamen de la “Ley de Regulación de Agentes Extranjeros” por la bancada de gobierno, exponemos ante la opinión pública nacional e internacional, lo siguiente:
- La ley conforme su objeto y definición, establece un marco jurídico inconstitucional por el cual se pretende controlar y criminalizar a toda persona natural y jurídica que dentro de Nicaragua obtenga financiamiento o recursos extranjeros para realizar cualquier actividad lícita en el país, al convertirlas bajo criterios eminentemente políticos, en “agentes extranjeros” que realizan actividades de “injerencia en los asuntos internos y externos del país y “atentan contra la independencia, la autodeterminación y la soberanía nacional”; con lo cual el partido de gobierno podrá hacer uso de las instituciones públicas para la represión y supresión de los derechos políticos, económicos y sociales de los nicaragüenses conforme su conveniencia.
- La Ley proscribe en forma inconstitucional expresa, el derecho ciudadano a ser “funcionario, empleado público o candidato a cargos públicos de cualquier tipo o naturaleza”, lo que constituye una violación al derecho de todas las personas naturales de ejercer sus derechos constitucionales a organizarse, participar en los asuntos públicos y en la gestión estatal, a ser elegidos en elecciones periódicas y optar a cargos públicos; y conforme esas limitaciones a ejercer el derecho a la reunión pacífica, concentración, manifestación y movilización pública, así como al derecho a organizarse o afiliarse a partidos políticos; lo cual hace inviable el ejercicio pleno de derechos constitucionales fundamentales, y por tanto, se pueda considerar factible, la realización de un proceso electoral libre, justo y transparente en noviembre del 2021.
- La Ley conforme su ámbito de aplicación también convierte en sujetos obligados a empresas nacionales que prestan servicios de relacionistas públicos, agencias de publicidad, servicios de información o consultorías para cualquier entidad extranjera que le soliciten sus servicios, así como a cualquier entidad jurídica empresarial que perciba fondos provenientes del extranjero, a las cuales estará obligando a registrarse arbitrariamente como “agente extranjeros” y en consecuencia, a que cumplan con obligaciones de informar toda su actividad empresarial, y en caso de no hacerlo, estar sometidas por discrecionalidad e intereses políticos del gobierno, a procesos administrativos y judiciales confiscatorios que violentan el derecho constitucional al libre ejercicio de las actividades económicas en nuestro país.
- El Estado Policial de represión institucional y las acciones criminales de fuerzas paramilitares con la complacencia de la autoridad policial creando un estado de impunidad para los partidarios del gobierno, conjugado con la falta de voluntad política del gobierno de implementar reformas electorales, de proceder a la liberación de presos políticos y de restablecer los derechos y garantías ciudadanas conforme los acuerdos del 27 y 29 de marzo del 2019, están creando un clima de acoso, represión, inseguridad e incertidumbre que no permite crear las condiciones para encontrar una solución cívica y pacífica a la actual crisis sociopolítica y trabajar unidos en la recuperación económica del país en beneficio de todos los nicaragüenses.
- La situación política expuesta exige que el gobierno adopte a lo inmediato acciones para reencauzar el orden y los derechos constitucionales conculcados, que permita crear un clima de distensión política que reduzca la posibilidad del incremento de la violencia política y social; siendo indispensable en este contexto el apoyo de la comunidad y los organismos internacionales que siguen preocupados por la grave situación de nuestro país.
- Por lo que hacemos en primer lugar, un urgente llamado al gobierno para que actúe con prudencia y capacidad de diálogo para encontrar las soluciones que el país demanda. Así como un llamado urgente a la comunidad internacional, en particular, a la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a la Secretaría General de la OEA y al Vaticano a través del Nuncio Apostólico en Nicaragua, para que pongan sus buenos oficios para lograr que en Nicaragua se restaure la democracia y se garantice el irrestricto cumplimiento de los derechos y constitucionales de todos los nicaragüenses.
Managua, 15 de octubre del 2020.