
El Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), ante las confiscaciones de hecho de propiedades privadas tuteladas por nuestra Constitución Política y trasladadas ilegalmente al Ministerio de Salud, expresamos nuestra posición gremial al respecto:
- Observamos con preocupación como se agudiza por parte del gobierno el irrespeto a principios básicos de un Estado democrático de derecho, tomando decisiones políticas que violentan los derechos y garantías constitucionales de los nicaragüenses; provocando más inseguridad jurídica e inestabilidad económica y social en el país.
- El derecho a la propiedad privada reconocido en los Artículo 5, 44 y 99 de la Carta Magna goza de garantías constitucionales, por lo cual el Estado tiene obligación ineludible de tutelarlo en forma efectiva sin discriminación alguna. Sin embargo, el gobierno sigue violando este derecho con acciones de represión, ejecutando y promoviendo confiscaciones de hecho, desconociendo el mandato constitucional vigente en nuestro país, de prohibición expresa de confiscaciones de todo tipo de bienes.
- El gobierno conforme los acuerdos del 29 de marzo del 2019 estaba obligado a respetar el derecho de propiedad y el debido proceso, y en consecuencia debía legalmente restituir los bienes muebles e inmuebles confiscados de hecho a organismos de derechos humanos, medios de comunicación y empresarios en diferentes zonas del país; lo cual no ha cumplido y ha profundizado.
- Por lo que denunciamos las acciones recientes por las cuales, sin mediar proceso judicial ni proceso de expropiación legalmente tramitado, el gobierno ha procedido a trasladar ilegalmente al Ministerio de Salud propiedades confiscadas de hecho en perjuicio de personas jurídicas titulares legítimos de derechos de propiedad tutelados por la Constitución Política y las leyes del país.
Managua, 24 de diciembre del 2020