El Estado debe estar en función de los intereses de la nación

La crisis provocada por las violaciones de derechos humanos denunciada y documentada por los organismos nacionales e internacionales especializados y la destrucción del Estado democrático de derecho por la instauración de un Estado policial que restringe derechos fundamentales básicos, ha generado una crisis política, social y económica, que se ha prolongado por casi tres años consecutivos y se ha agravado un año más por la crisis sanitaria provocada por la pandemia del Coronavirus.

El impacto negativo en las condiciones de vida de la población, en la institucionalidad democrática y la salud de los nicaragüenses, exigía que el gobierno asumiera y mostrara voluntad política para convocar a la nación a trabajar unidos en una solución cívica, pacífica y democrática, bajo la premisa que gobierna para todos los nicaragüenses y su prioridad debería ser la estabilidad y la cohesión social del país.

Ese imperativo nacional que se exige de todo gobierno democrático está ausente en la agenda este gobierno, quien contrario a los intereses nacionales solamente ha mostrado interés exclusivo en privilegiar los intereses de su partido a través de la instrumentalización inconstitucional del Estado.

La sociedad nicaragüense y la comunidad internacional somos testigos como en la agenda del gobierno y sus funcionarios lo que prima son la aprobación de leyes, decretos, normativas y acciones destinadas a consolidar un Estado policial que tiene como función amenazar, reprimir y sancionar para eliminar toda eventual competencia electoral que le pueda disputar el poder.

En su agenda lo que prevalece es la construcción de un Estado interventor y recaudador que no garantiza la libertad de empresa y la seguridad jurídica que se requiere para trabajar por la recuperación económica urgente que el país requiere. El Estado y sus funcionarios observamos contrario a toda lógica y visión de país, están dedicados a desmotivar la inversión, desestimular la creación de empresas y obstaculizar la generación de empleos en detrimento de las familias nicaragüenses.

El gobierno consideramos está a tiempo de recapacitar. Es indispensable que cumpla con los acuerdos del 27 y 29 de marzo del 2019, debiendo liberar a todos los presos políticos y restableciendo los derechos y garantías constitucionales de todos los nicaragüenses. Es fundamental que inicie un proceso de reformas electorales que permitan la realización de elecciones libres, transparentes, competitivas y observadas. Y es vital, que revierta todas las medidas económicas que generan inestabilidad e inseguridad empresarial.

Es impostergable, y así lo debemos demandar todos, que el gobierno inicie a trabajar en función de los intereses de todos los nicaragüenses y no los de su partido. Nicaragua es de todos y como tal, tenemos derecho a una sociedad donde impere la democracia, la justicia, el respeto de los derechos humanos y podamos trabajar unidos en generar bienestar y desarrollo para todos.

El gobierno debe comprender que los nicaragüenses y la comunidad internacional no aceptaremos que Nicaragua vuelva otra vez a destruirse. Debe comprender que estamos en presencia de una nueva oportunidad histórica y que si no la aprovechamos estaremos condenando nuevamente a la confrontación, la pobreza y el atraso a nuestro país.

Managua, 1 de febrero del 2021