

En esa oportunidad el COSEP sentó su posición de que las relaciones contractuales de servicio no constituyen un trabajo desprotegido legalmente, y por ende, no pueden ser legalmente desautorizados. Y que además, las empresas tienen todo el derecho de optar a las distintas formas contractuales de servicios conforme sus estrategias comerciales, las cuales por sí mismas son legítimas y legales. Y que bajo ningún supuesto a las empresas que suscriban relaciones contractuales de servicios, se les pueda obligar a aceptar la condición de empleador; puesto que sería desconocer que existen indistintamente en el mundo laboral, relaciones binarias y relaciones triangulares de trabajo, que suponen comprender, la clara distinción entre trabajadores asalariados y trabajadores independientes.
La situación vuelve a ser de interés de COSEP, puesto hemos visto como se está coartando nuestro derecho a la información y entorpecido el libre ejercicio de las actividades económicas, con la forma inapropiada de protesta que ex prestadores de servicio del diario La Prensa, vienen realizando desde el día 2 de Septiembre en relación al caso anteriormente expuesto; lo cual motiva que nos pronunciemos en los términos siguientes:
1. No puede el Ministerio del Trabajo ni autoridad alguna, entorpecer o distorsionar las relaciones civiles y comerciales legítimas que las empresas establecen como parte de su estrategia empresarial. Y por tanto, tampoco aceptarse que ese tipo de contrataciones civiles y comerciales, sean una forma de simulación y/o fraude de la legislación laboral vigente. Por ello, es indispensable que las autoridades judiciales laborales se pronuncien en los plazos de ley, resolviendo el fondo del asunto conforme corresponde en este caso.
2. Es inaceptable que forma sistemática y calculada se continúe asediando las instalaciones del diario La Prensa con acciones violentas que atentan contra la seguridad física de trabajadores y de las propias instalaciones físicas del diario, pero además, provoquen el atraso en algunos casos y no recepción del periódico en otros, del diario a miles de nicaragüenses; causando inevitablemente perjuicios económicos a la empresa. Por lo que solicitamos que la Policía Nacional actúe en forma beligerante y oportuna para que este tipo de incidentes no se vuelvan a repetir, es decir, que garantice que no se vuelva a “bloquear” por la fuerza la circulación del diario con acciones violentas e ilegales.
3. Ante estos hechos ratificar nuestro compromiso permanente con el “modelo de las libertades”, por considerarlo bases esenciales para la consolidación de nuestro Estado Democrático de Derecho, y en consecuencia directa con ello, respaldar al Diario La Prensa en su exigencia de protección policial para garantizar su libre ejercicio de sus actividades periodísticas, pero más aún, se garantice y tutele el derecho a difundir información y el nuestro de recibirla sin restricción alguna.
7 de septiembre de 2011.