COSEP demanda investigación inmediata en Consejo Supremo Electoral, 24 de Febrero del 2011

El Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), ante las graves denuncias de manejos irregulares de los recursos financieros del Consejo Supremo Electoral entre los años 2004 a 2008, por la suma de más de 20 millones de dólares, y su responsabilidad con la nación de “actuar como vocero  y representante del sector empresarial organizado en COSEP en todos los asuntos que sean declarados de interés general”, expone su posición institucional al respecto:

1.    La AGENDA COSEP 2010 entre las medidas propuestas para “fortalecer la democracia”, establece la “primacía de la Constitución Política”, por entenderse  que la Carta Magna es la norma jurídica superior del ordenamiento legal vigente del país; de ahí que se exija que todos los Poderes y Funcionarios Públicos actúen conforme el principio de legalidad y no se atribuyan mayores funciones que la que les otorga la Constitución Política de la República; entre los que se incluye por supuesto la Contraloría General de la República.

2.    La AGENDA COSEP 2010 destaca que para el “fortalecimiento de las instituciones” es indispensable el nombramiento para los Poderes del Estado (CSE, CSJ y CGR), bajo principios de idoneidad ética, moral y profesional, no por criterios e intereses  partidarios; evitando la instrumentalización de los Poderes del Estado.

3.    El Estado de Nicaragua cuenta con instituciones garantes de que la cosa pública sea manejada por los funcionarios en forma transparente y eficiente, de ahí que establezcan funciones específicas a la Contraloría General de la República de controlar la Administración Pública y fiscalización de los bienes y recursos del Estado; a la Procuraduría General de la República de representar los interés del Estado y a la Fiscalía General de la República de representar los intereses de la sociedad.

En correspondencia con lo anterior el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), DEMANDA:

I.    Se proceda a lo inmediato conforme las facultades constitucionales y legales que tienen atribuida la Contraloría, Fiscalía y Procuraduría General de la República, a una investigación completa de los actos denunciados por El Nuevo Diario en relación a “fraudulentas operaciones” en el Consejo Supremo Electoral; que permita que los funcionarios y personas que resulten culpables sean debidamente enjuiciados y sancionados conforme lo que dispone nuestro ordenamiento jurídico.

II.    Se tutele y garantice  en forma efectiva el derecho de El Nuevo Diario al libre ejercicio de la libertad de prensa, y en consecuencia,  el derecho constitucional de todos los ciudadanos a ser informados  sin censura alguna, y por tanto, a tener acceso a los medios de comunicación social; rechazando sin dubitación alguna en este caso, las amenazas que han sido objeto sus periodistas, las cuales deben ser atendidas sin dilación por la Policía Nacional.
Managua, veinticuatro de febrero del año dos mil once.