El día 13 de octubre del 2020 la Presidencia de la República introdujo ante la Primera Secretaría de la Asamblea Nacional, la iniciativa de Reforma a la Ley No. 620, Ley General del agua

En las últimas semanas desde el Consejo Superior de la Empresa Privada hemos venido planteando a las autoridades la adopción de una serie de medidas ante el imparable avance de la pandemia y la alarmante situación del sistema de salud. Vemos con suma preocupación que mientras la inmensa mayoría de los gobiernos en el mundo

El Consejo Superior de la Empresa de la Privada (COSEP), ante la entrada en vigencia de la Ley No. 1035, “Ley de Reformas y Adiciones a la Ley 698 y al Código de Comercio de la República de Nicaragua,

El Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), ante la decisión de la bancada de gobierno de aprobar la “Ley Especial de Ciberdelitos”, tiene a bien expresar su posición gremial empresarial: En posición pública comunicada el día 29 de septiembre del 2020, denunciábamos que estábamos ante la voluntad política del gobierno de aprobar un “nuevo

El día de ayer, 21 de octubre del 2020, se emitió por la Asamblea General de la OEA la Resolución donde demanda el “Restablecimiento de las Instituciones Democráticas y el Respeto a los Derechos Humanos en Nicaragua  a través de Elecciones Libres y Justas”

El gobierno debe adoptar a lo inmediato acciones para reencauzar el orden constitucional y el respeto de los derechos y garantías ciudadanas, que permitan crear un clima de distensión política y cohesión social.

Conscientes que el pueblo de Nicaragua está enfrentando un Estado Policial que ejerce todo tipo de acciones represivas y que estas no son ignoradas por la comunidad internacional, reiteramos nuestra exigencia que el Gobierno cese a lo inmediato todas las acciones de represión.

Las acciones confiscatorias y fiscales en contra de NICAVISION son actos claros y evidentes de represión fiscal y judicial que se suman a las diferentes acciones gubernamentales inconstitucionales de presión, represalias y persecución contra el sector privado y los medios de comunicación.

Nuevamente el partido de gobierno recurre a su retórica política para justificar la instrumentalización de los Poderes del Estado para implementar mecanismos de control y represión contra los ciudadanos y los movimientos sociales y políticos de oposición.