Las acciones confiscatorias y fiscales en contra de NICAVISION son actos claros y evidentes de represión fiscal y judicial que se suman a las diferentes acciones gubernamentales inconstitucionales de presión, represalias y persecución contra el sector privado y los medios de comunicación.

Nuevamente el partido de gobierno recurre a su retórica política para justificar la instrumentalización de los Poderes del Estado para implementar mecanismos de control y represión contra los ciudadanos y los movimientos sociales y políticos de oposición.

Denunciamos ante la opinión pública, la comunidad internacional y organismos de derechos humanos, la decisión del partido de gobierno de aprobar con fines de control y represión política la "Ley de Regulación de Agentes Extranjeros", la cual viola la Constitución Política.

Ante la necesidad de resolver por la vía cívica y pacífica la crisis sociopolítica, respaldamos plenamente las iniciativas nacionales e internacionales que promueven un proceso de reformas y cambios en el sistema electoral.

Desde COSEP rechazamos las acciones fiscales y judiciales confiscatorias contra Canal 12. Nos solidarizamos con la familia Valle y todos los medios de comunicación y periodistas que están siendo asediados y procesados judicialmente.

Con la presencia de 64 miembros, las Cámaras y Asociaciones del COSEP, eligieron hoy a sus nuevas autoridades gremiales empresariales en un proceso democrático certificado por PwC.

Presentamos el mensaje de nuestro presidente José Adán Aguerri Chamorro en relación a su experiencia en la gremialidad, el rol de COSEP como una organización aglutinadora, dialogante, proactiva y comprometida, y la necesidad de unirnos por Nicaragua. Es hora de unirnos por Nicaragua

Hacemos pública nuestra posición gremial ante la iniciativa de Ley de Reformas y Adiciones a la Ley 698, presentada por la CSJ a la Asamblea Nacional, por medio de la cual se crea el Registro de Beneficiario Final de Sociedades Anónimas.

La resolución del CSE deja en evidencia la falta de voluntad de contribuir a reencauzar el orden constitucional a través de reformas electorales integrales, que son necesarias para garantizar un proceso electoral libre, justo, transparente y observado.

El país y los hospitales públicos están perdiendo valiosos profesionales y trabajadores de la salud que no podrán reponerse. Estas decisiones del Minsa son claramente actos de represión y decisiones administrativas erradas que se toman con criterios políticos partidarios.